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Crisis financiera en la Universidad Autónoma de Zacatecas: suspende prestaciones y pone en riesgo los aguinaldos

La institución enfrenta un déficit presupuestal que supera los 775 millones de pesos. La rectoría prioriza el pago de salarios mientras trabajadores universitarios exigen claridad financiera y garantías para sus prestaciones.

Por Redacción ADEM · 17 de octubre de 2026 · 3 min de lectura

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia reciente. La insuficiencia de recursos obligó a suspender el pago de la prima de antigüedad correspondiente a septiembre y pone en riesgo otras prestaciones laborales de docentes y trabajadores administrativos durante el último trimestre de 2026.

El rector, Ángel Román Gutiérrez, reconoció ante representantes sindicales que la institución no dispone de recursos suficientes para cumplir todas sus obligaciones contractuales, por lo que ha decidido privilegiar el pago de salarios ordinarios.

La situación se hizo pública durante una asamblea extraordinaria del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), celebrada el 14 de octubre, y provocó preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de que los aguinaldos y otras prestaciones deban posponerse hasta 2027.

La información financiera oficial de la SEP establece que la UAZ cuenta con un subsidio público ordinario de 2,600.7 millones de pesos para 2026, integrado por aproximadamente 1,960.4 millones federales y 640.3 millones estatales. Sin embargo, ese presupuesto resulta insuficiente para cubrir el conjunto de compromisos acumulados y las obligaciones laborales del ejercicio.

¿Cómo se originó el problema?

La crisis combina un déficit operativo de corto plazo con obligaciones históricas relacionadas con la seguridad social, las pensiones y los compromisos fiscales.

Durante más de tres décadas, la universidad acumuló pasivos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su primer informe de labores, presentado el 5 de septiembre, el rector detalló que la deuda con el ISSSTE superaba los 4,600 millones de pesos, mientras que los compromisos fiscales con el SAT alcanzaban aproximadamente 517 millones.

El rector también explicó que desde 1991 se había planteado establecer un fideicomiso para respaldar el sistema de pensiones y jubilaciones, pero el mecanismo nunca se concretó.

La propuesta: que trabajadores aporten a un fideicomiso

La alternativa que ahora estudia la rectoría consiste en crear un fondo para contribuir al financiamiento de las obligaciones pensionarias.

En reuniones con docentes se ha planteado que trabajadores activos y jubilados aporten una parte de sus ingresos al mecanismo. La Jornada Zacatecas reportó este viernes una propuesta de aportaciones de entre 20% y 30% para jubilados, mientras que el porcentaje de los trabajadores activos todavía no estaba definido.

No se trata de una decisión definitiva. La universidad espera los resultados de un estudio actuarial y tendría que negociar cualquier modificación con la comunidad universitaria y sus representantes sindicales.

El principal desafío es conciliar el saneamiento financiero con el respeto a los derechos laborales adquiridos, evitando que las soluciones inmediatas trasladen de manera desproporcionada el costo de la crisis a los trabajadores.

La reacción sindical y el riesgo para los estudiantes

El SPAUAZ, encabezado por Carlos Fernando Aréchiga Flores, ha solicitado información detallada sobre la situación presupuestal y las medidas de austeridad adoptadas.

En un comunicado del 15 de octubre, el sindicato confirmó que la rectoría reconoció un déficit de 775.1 millones de pesos y que las gestiones ante los gobiernos federal y estatal todavía no habían generado apoyos extraordinarios.

También informó de una reasignación presupuestal de aproximadamente 637.3 millones de pesos del gasto operativo hacia servicios personales, para atender obligaciones con trabajadores activos, jubilados y pensionados.

La crisis es relevante por sus posibles consecuencias sobre la actividad académica. Según los datos de la SEP, la UAZ atiende a una matrícula total de 39,732 estudiantes, de los cuales 28,345 corresponden a educación superior y 11,387 a media superior.

Aunque la suspensión de prestaciones no significa que se hayan interrumpido las clases, un conflicto laboral prolongado podría afectar la continuidad de los servicios educativos.

Una advertencia para las universidades públicas de México

El caso de Zacatecas evidencia tres problemas estructurales que merecen atención nacional: el crecimiento de los pasivos pensionarios, la insuficiencia presupuestal frente a compromisos laborales históricos y la necesidad de mecanismos financieros sostenibles y transparentes.

No obstante, el déficit de la UAZ no debe extrapolarse automáticamente a todas las universidades públicas. Cada institución tiene distintas condiciones de financiamiento, contratación colectiva y obligaciones pensionarias. La lección principal es que una universidad puede contar con presupuesto para operar y, al mismo tiempo, enfrentar una crisis de liquidez por obligaciones acumuladas que superan su capacidad financiera.

La discusión ya no se limita a cómo garantizar el pago de los próximos aguinaldos: plantea cómo preservar la viabilidad económica de la institución, proteger los derechos de sus trabajadores y asegurar la continuidad educativa de miles de jóvenes.

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